“Es un atentado a la salud pública”

Osvaldo Rinaldi. “Que una persona no idónea trate a un animal, también es maltrato”.

De quedar firme, una sentencia judicial liberaría de responsabilidad penal a una persona que ejerció en forma ilegal la profesión veterinaria. Opina el presidente del Colegio de Buenos Aires.

Guadalupe Varelli
guadalupe@motivar.com.ar

A días de culminar el año 2022, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón dictó una sentencia que puso a toda la profesión veterinaria en alerta. Los jueces Fernando Gabriel Bellido, Fabián Cardoso y Diego Matías Grau decidieron sobreseer a Virginia Beatriz Del Oro, imputada por ejercer actos propios de la profesión veterinaria (castraciones, sedaciones, colocación de vías endovenosas y administración de anestesia), sin contar con título habilitante, ni matrícula vigente.

El recorrido legal

El litigio legal comenzó con una denuncia realizada a mediados de 2018 por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires (CVPBA) contra la funcionaria, quien fue acusada de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y maltrato animal.
Los hechos por los que se la imputan ocurrieron entre junio de 2013 y agosto de 2018 en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis y Atención Primaria de la Municipalidad de Ituzaingó, lugar donde tenía el cargo de directora de Zoonosis.
La causa fue elevada a juicio por el Fiscal a cargo y el Juzgado de Garantías intervinientes. Luego, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón decidió sobreseer a la denunciada por el delito de usurpación de títulos.

Lo “inaudito” del fallo

El fallo se apoya en la Ley N° 14.072 diciendo que, citamos textual: “regula el ejercicio profesional de la medicina veterinaria”.
Lo cierto es que dicha ley regula el ejercicio de la medicina veterinaria en la Ciudad de Buenos Aires, territorios nacionales y lugares sujetos a jurisdicción nacional, no así en la provincia de Buenos Aires, donde tuvieron lugar los hechos denunciados que, valga la pena aclarar, fueron confirmados gracias a un video en el cual se evidencia que la denunciada realizaba intervenciones quirúrgicas en animales.
La reacción del CVPBA no se hizo esperar. “En un fallo inaudito, la Cámara de Apelación confundió la ley aplicable, desatendiendo injustificadamente los claros lineamientos de nuestro Decreto Ley 9686/81. Además de aplicar una normativa que no corresponde a la jurisdicción provincial, la Cámara de Morón efectuó una interpretación disparatada de la misma, concluyendo que cualquier funcionario público no profesional se encuentra en condiciones de ejercer la medicina veterinaria”, explicaron desde el Colegio.

Lo que queda claro luego de la lectura del fallo es que se desconoce que para el ejercicio de la medicina veterinaria es necesario tener un título universitario y una matrícula habilitante, y esto es así en todo el territorio nacional.
Llamativamente, declara que “si bien la legislación determina que solo podrán ejercer la medicina veterinaria en cualquiera de sus ramas o especialidades aquellos profesionales graduados en universidades nacionales (art. 2); también establece, como excepción, aquellas personas contratadas por el gobierno nacional, universidades nacionales u otras entidades de derecho público en ejercicio de los poderes que les son propios (art. 3)”.
Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio denunciante, destacó además que el fallo hace solamente referencia al ejercicio de la profesión veterinaria, pero omite expedirse en relación a la acusación de maltrato animal que estaba incluida desde la primera instancia.
“Que un animal sea tratado por una persona no idónea, que no tiene los conocimientos adecuados para hacer esas atenciones o maniobras, es maltrato porque lo está sometiendo a un riesgo y lo está privando de la atención adecuada que merece”, explicó en diálogo con el Periódico MOTIVAR.

Plan de acción

Tanto el CVPBA como la Fiscalía interviniente recurrieron el fallo dictado y presentaron un recurso de apelación, que el 5 de enero fue aceptado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón.
“En este momento estamos esperando el fallo y, de acuerdo a lo que decida la Cámara, continuaremos desde el punto de vista legal con todas las instancias que la justicia nos ofrezca”, detalló Rinaldi. Además, declaró que más allá de las instancias judiciales, la entidad seguirá difundiendo el tema para sumar adhesiones, tanto de colegios y federaciones, como de entidades de profesionales, facultades y universidades.
“También seguiremos difundiendo los hechos en el mismo Municipio de Ituzaingó, para que la comunidad esté al tanto de lo que está pasando y pueda sumar su apoyo a nuestro reclamo”, puntualizó Rinaldi.

Repercusiones

¿Está diciendo este fallo que cualquier funcionario público puede ejercer la medicina veterinaria? Por inaudito que parezca, así es. Esto explica las múltiples reacciones por parte de los organismos que representan la profesión.
La Federación Veterinaria Argentina (FeVA) emitió un comunicado en el que manifestó su apoyo al Colegio Veterinario de Buenos Aires, alentándolo a no claudicar en sus reclamos a fin de lograr se modifique la sentencia.
La FeVA se dirige también a los tutores de animales de compañía y los llama a notificar cualquier irregularidad que implique el ejercicio ilegal de la profesión veterinaria por personas que no han adquirido la capacitación universitaria imprescindible, a fin de que cesen los ejercicios ilegales tantas veces denunciados.
“Nadie debe consentir que la salud de los animales esté en manos de inescrupulosos, por lo que debemos asegurarnos que aquella persona que atienda a nuestros animales sea un médico veterinario; porque en definitiva el resguardo de la salud animal, ambiental y de la sociedad en general es responsabilidad de todos”, manifestó la Federación que nuclea a 19 Colegios y Consejos de todo el país.
Por su parte, la Federación de Colegios y Consejos de Veterinarios de la República Argentina se solidarizó con el Colegio denunciante, miembro de la entidad. La FECOVET manifestó su preocupación y repudio ante el fallo aduciendo que no solo atropella las incumbencias profesionales, sino que pone en riesgo la salud pública al permitir que personas sin matrícula ejerzan tareas propias de la profesión veterinaria
“Esta situación claramente avasalla las incumbencias profesionales, pero además debe poner en alerta a la población que confía en que los organismos pongan al frente de las áreas de Zoonosis a profesionales veterinarios exclusivamente”, declaró en su comunicación.
También llegaron adhesiones desde el Departamento Zoonosis Urbanas, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, colegios y consejos de distintas regiones del país.

La gravedad del fallo

Osvaldo Rinaldi hizo énfasis en las profundas implicancias del fallo. “Es un atentado a la salud pública”, declaró.
Y agregó: “La gravedad de este fallo reside en que perjudica a toda la sociedad ya que, por extrapolación, afecta a todas las profesiones. De quedar firme, no solo impactará en la profesión veterinaria, sino que sienta un precedente muy negativo, ya que cualquier otro funcionario público se puede arrogar el derecho de ejercer cualquier profesión, como médico, abogado o cualquier otra sin contar con un título que lo habilite”.

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